| Requerimos de manera urgente nos manifiesten quienes se hacen adhesivos a la propuesta!!!: Respondan lo antes posible!!! México DF a 19 de septiembre, 2011. A la H. Cámara de Diputados A la H. Cámara de Senadores Legislatura LXI Al pueblo de México Presente. Enterados por la prensa de que el próximo Martes 20 de septiembre se someterá al pleno un proyecto de dictamen negativo sobre la propuesta de modificación al Articulo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, que tendría como propósito el de garantizar los estrenos nacionales al público, mediante el incremento de la exhibición del 10% actual al 30 % del tiempo de pantalla en las salas cinematográficas para nuestro cine. Nosotros, miembros activos de la Industria Cultural Cinematográfica solicitamos a esta Legislatura que dicho dictamen no se vote y se regrese a la comisión de origen y se añada para su discusión a la Comisión de Cultura, para que se realice un análisis serio, a profundidad, incluyente, no sesgado y no discriminatorio. Lo anterior debido a que el análisis realizado por la Comisión de RTC presidida por el diputado Juan Gerardo Flores fue parcial, poco profundo, sesgado a ciertos intereses económicos y antidemocrático ya que no informó y consultó oportunamente a todas las partes aludidas: beneficiadas y perjudicadas, quedándose sólo con la opinión unilateral del sector comercio. Misma que privilegia los intereses mercantiles por encima de los beneficios sociales, artísticos, culturales y económicos establecidos en la constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en la materia. En las últimas legislaturas, había sido práctica común el de consultar a todos los integrantes de la cadena productiva cinematográfica cuando se sometía una reforma de esta envergadura para el futuro inmediato de la expresión cinematográfica mexicana y del arte nacional. Lo realizado por la Comisión dictaminadora fue una práctica antidemocrática que se creía superada y que sólo sirve a los intereses económicos de las grandes empresas de la comunicacion nacional y trasnacional, misma que afectará la identidad nacional, las inversiones nacionales de alto impacto en la producción filmica, el cumplimiento de tratados internacionales como la Convencion de Los Derechos Humanos y el Tratado de la Diversidad Cultural. Por lo anterior solicitamos al pleno de la LXI legislatura que se rechace el dictamen y se posponga su aprobación, hasta que sean escuchados todas las partes que se dedican a esta industria cultural cinematográfica. Para lo cual, invitamos al poder legislativo a convocar un Foro de Reflexión y Análisis sobre la situación de la Industria Cultural Cinematográfica que sea público y de cara a la Nación. Atentamente Diego Muñoz, Giovanna Zacarías, Víctor Ugalde, Adriana Rosique, Carlos Bolado, Carolina Amador, Rigoberto Castañeda, Andrea Gentile, León Serment, Mariana Chenillo, Emilio Portes, Lucia Carreras, Sebastian del Amo, Teresa Suarez, Alejandro Ramirez, Alejandra Tapia, Leobardo Arias, Andrea Borbolla, Gustavo Montiel, Leticia Huijara, Juan Carlos de Llaca, Tania Olhovich, Jorge Bolado, Alejandra Cardenas, Sigfrido García, Verónica Langer, Roque Azcuaga, Jorge Zarate, Francesca Guillen, Juan Francisco Urrusti, Sebastian Silva, Eugenia Tinajero, Ricardo Braojos, Alejandra Lopez Adame, Gabriela Monroy, Samuel Larson Guerra, Hugo Albores, Daniel Cubillo, Carmen Ramos, Luciana Kaplan, Hansel Ramirez, Eduardo Quiroz, Flor Payan, Pablo Reyes, Ignacio Pietro, Maura Mortera, Pablo Llach, Jorge Rubio, Claudia Martha Moreno, Claudio S. Contreras, Víctor García, Paola Ortega, Emilio Solorzano, Andrea Alvarez, Octavio Castro, Tomihuatzi Xel, Humberto Bustos, Lola Jauregui, Noe Hernández, Rodrigo Mariña, Veronica Langer, Jose Antonio Cordero, Gilberto Trujillo (Presentada el 6 de noviembre de 2008; turnada a Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos Segunda) Iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de Las suscritas Senadoras María de Lourdes Rojo e Incháustegui y Rosario Ibarra de EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Ha sido motivo de constante preocupación el hecho de que el cine mexicano cuenta con poca presencia en las pantallas de nuestro país; lo paradójico del caso es que en los medios y, lo más importante, en nuestras mentes, la presencia del cine nacional y sus protagonistas es constante e intensa. Según un dato proporcionado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en el año de 2007 de 305 películas estrenadas, sólo 43 de ellas son de producción nacional, lo cual representa el 14% aunque, atendiendo al tiempo en pantalla, esto sólo representó el 7.9%, porcentaje inferior al mínimo que marca el artículo 19 de Vale la pena recordar que hubo una época en que la proporción mínima de tiempo de pantalla para el cine mexicano era de 50%, pero en 1992, en un artículo transitorio de Si me refiriera a criterios de calidad, seguramente se me objetaría que los mismos atienden a la subjetividad de cualquier persona; supongamos que así fuera, pero estoy convencida de que hay un consenso en cuanto a la baja calidad artística, técnica y de contenidos de una gran parte de las películas de Hollywood que se nos imponen en nuestras pantallas, pero que cuentan con la ventaja de una amplia y muy costosa promoción publicitaria; es decir, se nos da alimento chatarra para la mente como si fuera lo único que pudiéramos asimilar. Sin duda, cada quien elige de la producción cinematográfica lo que más conviene y es compatible con su formación e intereses, pero una verdadera libertad de elección existiría si hubiera una amplia gama de opciones, lo cual no sucede, como se ha señalado. Nadie puede dudar sobre el efecto que tiene el cine en la formación ya no sólo intelectual del espectador, sino de su identidad y su imaginación y esta certeza nos debe inducir a reflexionar sobre el papel estratégico que el cine debe significar para México y la cohesión social. Por supuesto que no se trata de cerrar los ojos, literalmente, al cine de otros países, sino de que al mirar nuestras pantallas encontremos algo que nos abra más horizontes, empezando por el de nuestra propia realidad, pasad y presente. Estamos en condiciones de inequidad, condiciones reales que impiden una verdadera competencia; esto es así, particularmente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, puesto que al aumentar la presencia en un grado que ha resultado arrollador de inversionistas norteamericanos y canadienses que por otra parte dominan los mercados mundiales de producción, distribución y exhibición de cine, las llamadas majors, bajo las reglas del libre mercado éste es ahogado con prácticas virtualmente monopólicas. Llama la atención que en el artículo 19 de De nuevo, recurriendo a información proporcionada por el IMCINE, considerando las cifras ya mencionadas respecto a 2007 y tomando como base para calcular el tiempo semana/pantalla, la capacidad anual que tiene cada una de las empresas exhibidoras en el país, es decir, el número de pantallas multiplicado por las semanas del año, el porcentaje de 10% de tiempo en pantalla se puede alcanzar si el tiempo de garantía de estreno al que se refiere el párrafo segundo del artículo 19 de En consideración de lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de Artículo Único: Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de Ley Federal de Cinematografía Capítulo IV De la exhibición y comercialización ARTICULO 19.- Los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla. Toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a tres semanas, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento. Transitorio ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Dado en el Senado de Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui Senadora Rosario Ibarra de la Garza |
lunes, 19 de septiembre de 2011
De nuevo se desprecia el cine mexicano
martes, 13 de septiembre de 2011
¡Se necesita tu apoyo!
lunes, 12 de septiembre de 2011
¡Seguridad social para los creadores!
Sinopsis de la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley que crea el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores a la Seguridad Social, presentada por la Senadora María Rojo al Pleno el 30 de noviembre de 2010.
En la fracción veintinueve del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que: “Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.”
Esto significa que todos los trabajadores deberían tener derecho a la seguridad social, aunque en realidad quedan fuera del sistema muchos trabajadores no asalariados, como sucede con los artistas, los creadores y los gestores culturales, que generalmente prestan sus servicios mediante honorarios.
En consecuencia, una vez que se ha revisado la normatividad que rige a la seguridad social en nuestro país y que tenemos la convicción de las condiciones excepcionales en que prestan sus servicios puesto que estos trabajadores rara vez son contratados mediante una relación laboral que los incorporaría al IMSS o al ISSSTE (o a cualquier otro organismo estatal o municipal similar), se ha llegado a la conclusión de que la Ley vigente, les permitirá el acceso pleno a todos los beneficios de la seguridad social. La Ley del Seguro Social es una puerta abierta a la incorporación de los no asalariados a los beneficios de la seguridad social, como lo establece ese dispositivo en su artículo 13, y que en dicho precepto y en el siguiente, el artículo 14, se establece la posibilidad de su incorporación voluntaria al régimen obligatorio, otorgándoles los mismos beneficios que reciben los trabajadores asalariados, incluso el derecho a constituir un fondo de pensión para el retiro.
Para alcanzar esto, la Senadora María Rojo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha presentado la iniciativa con proyecto de decreto para que se expida la Ley que crea el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales a la Seguridad Social.
Para los efectos de la iniciativa el concepto de “artista” se basa en lo que dispone la Ley Federal del Derecho de Autor puede, lo cual permite incluir a, escritores, artistas plásticos, compositores, etcétera. En cuanto a los gestores, se trata de personas que de manera habitual y profesionalmente se dedican a promover actividades de índole cultural sin ser empresarios pero como mediadores entre los artistas (en el concepto amplio) y quienes pagan por su trabajo.
El tema central de la iniciativa es que el Estado Mexicano realice un esfuerzo para apoyar a los artistas, creadores y gestores culturales que también con aportaciones propias deseen incorporarse al sistema de seguridad social.
Así, considerando la normatividad establecida en la Ley del Seguro Social que admite la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, se considera que es necesaria la creación de un Fideicomiso Público en las condiciones que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que las aportaciones individuales de los trabajadores de la cultura a los que se refiere la iniciativa sean complementadas de modo tal que a pesar de lo altamente eventual de su trabajo puedan aportar de manera ininterrumpida y permanente; por supuesto que en la figura de Fideicomiso se puede admitir otro tipo de aportaciones tanto de personas físicas como morales, sean éstas públicas o privadas.
Es Fideicomiso contará con un Comité Técnico sin implicar la creación de un aparato burocrático, pues se operaría básicamente con servidores públicos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), órgano desconcentrado que a su vez tendría la responsabilidad de crear, operar y mantener el Registro Nacional de Artistas, Creadores y Gestores Culturales.
Gracias al Registro Nacional de Artistas, Creadores y Gestores Culturales, se podrá contar con criterios claros y objetivos para la incorporación de los trabajadores culturales no sólo a la seguridad social, sino también a los programas de apoyo de proyectos y a la difusión de estos.
Es muy importante subrayar que no se propone un trato de excepción para los trabajadores de la cultura en cuanto a su incorporación al sistema de seguridad social, sino que se trata de un acto de justicia que amplía los efectos del mandato constitucional en esta materia de modo que se incorpora a mayor número de trabajadores. Otro detalle es que en la iniciativa se plantea es que los trabajadores culturales de los que se ocupa cumplan con los requisitos de la Ley del Seguro Social, que no estén inscritos en ningún otro sistema de seguridad social y que estén inscritos y vigentes en el Registro Nacional de Artistas, Creadores y Gestores Culturales.
Es muy importante subrayar que en la elaboración de la presente iniciativa la Senadora Rojo ha tomado como referencia obligada la legislación de nuestro país en materia de seguridad social, trabajo y derecho de autor que, enfatizando que la iniciativa representa una puerta abierta que es necesario aprovechar en beneficio de los artistas, creadores y gestores culturales; asimismo, se basó en la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organización de la que México es integrante, emitida en Belgrado en su XXI reunión efectuada del 23 de septiembre al 28 de octubre de 1980, en la que se señala la condición del trabajador cultural como trabajador no asalariado, víctima de la exclusión de los beneficios de la seguridad social, lo que de acuerdo a nuestro orden constitucional es inadmisible, por lo que su incorporación al Seguro Social es impostergable y no cabe pretexto ni motivo de dilación.
A través de la iniciativa de la Senadora María Rojo se fortalece el espíritu universalista del Constituyente en materia de seguridad social y se hace justicia a esos trabajadores que enriquecen nuestra vida cultural y social.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA SENADORA MARÍA DE LOURDES ROJO E INCHÁSTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL FONDO DE APOYO PARA EL ACCESO DE ARTISTAS, CREADORES Y GESTORES CULTURALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.
La suscrita, Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad establecida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL FONDO DE APOYO PARA EL ACCESO DE ARTISTAS, CREADORES Y GESTORES CULTURALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El texto vigente de la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.”
A pesar de la pretensión universalista de los alcances de la Ley del Seguro Social, en la práctica los beneficios de la seguridad social se limitan a proteger a los trabajadores sujetos a una relación laboral lo que, sin duda, es un gran avance e incuestionablemente plausible, pero refleja el efectos de las condiciones de inequidad e injusticia aún prevalecientes en nuestro país.
Es de subrayarse que la Ley del Seguro Social es una puerta abierta a la incorporación de los no asalariados a los beneficios de la seguridad social, como lo establece ese dispositivo en su artículo 13, y que en dicho precepto y en el siguiente, el artículo 14, se establece la posibilidad de su incorporación voluntaria al régimen obligatorio, otorgándoles prácticamente los mismos beneficios que reciben los trabajadores asalariados, incluso el derecho a constituir un fondo de pensión para el retiro.
Sin embargo, sigue habiendo sectores de la población trabajadora excluidos de tales beneficios, entre los que me permito destacar a los artistas, creadores y gestores culturales, quienes en su mayoría desempeñan su trabajo cotidiano como trabajadores no asalariados lo cual implica caso por definición, la eventualidad en el trabajo y, por supuesto en el ingreso; para mejor comprensión del tema, me referiré a los artistas, creadores y gestores culturales como “trabajadores culturales”, enfatizando la distinción entre éstos y los trabajadores del sector cultura, sean estos servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno o trabajadores de la iniciativa privada.
En este orden de ideas, es de fundamental importancia señalar que la cultura es fuente a la vez que producto de la realidad social; sin cultura es impensable siquiera pensar con coherencia, mucho menos la comunicación; en la cultura se dan las ideas, la concepción del mundo y la manera de estar en él, de percibir la realidad e incluso de transformarla; por la cultura nos identificamos y nos distinguimos en tanto que es expresión de nuestra experiencia como individuos y como sociedad. Todas nuestras habilidades esenciales se traducen en experiencia cultural y encuentran su mejor y más alta expresión en las artes.
Así, es un grave y muy frecuente error hacer una separación entre la cultura, las artes y la experiencia cotidiana en sus más diversas manifestaciones, incluso aquellas que parecieran tan ajenas al espíritu como la economía o la política. La cultura, el tratamiento que una sociedad le da a la cultura y a las artes es un indicador del grado de avance de esa sociedad y no tanto porque se considere, también erróneamente, que al haber progreso en las artes es que se ha cumplido con las indispensables necesidades económicas, sino porque la cultura y en especial las expresiones artísticas propician el fortalecimiento de la identidad y la cohesión social.
Cómo ámbito especializado, distinguible de los otros ámbitos de la experiencia humana como lo son la política y la economía, la cultura encuentra operadores también especializados: los trabajadores culturales.
En la elaboración de la presente iniciativa he recurrido a la legislación de nuestro país en materia de seguridad social, trabajo y derecho de autor que, como he mencionado, representa una puerta abierta que es necesario aprovechar en beneficio de los trabajadores culturales, así como a la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organización de la que México es integrante, emitida en Belgrado en su XXI reunión efectuada del 23 de septiembre al 28 de octubre de 1980, recomendación que en lo conducente transcribo:
“Reconociendo que las artes, en su acepción más amplia y completa, son y deberían ser parte integrante de la vida y que es necesario y conveniente que los gobiernos contribuyan a crear y a mantener no sólo un clima propicio a la libertad de expresión artística, sino también las condiciones materiales que faciliten la manifestación de este talento creador,
“Reconociendo que todo artista tiene derecho a gozar efectivamente de la seguridad y los seguros sociales previstos en los textos fundamentales, las declaraciones, el Pacto y la Recomendación antes mencionados,
“Considerando que el artista desempeña un papel importante en la vida y la evolución de las sociedades y que debería tener la posibilidad de contribuir a su desarrollo y de ejercer sus responsabilidades en igualdad de condiciones con todos los demás ciudadanos, preservando al mismo tiempo su inspiración creadora y su libertad de expresión,
“Reconociendo además que la evolución cultural, tecnológica, económica, social y política de la sociedad influye en la condición del artista y que, en consecuencia, es necesario proceder a una revisión de su condición que tenga en cuenta el progreso social en el mundo,
“Afirmando el derecho del artista a ser considerado, si lo desea, como un trabajador cultural y a gozar en consecuencia de todas las ventajas juridicas, sociales y económicas correspondientes a esa condición de trabajador, teniendo en cuenta las particularidades que entrañe su condición de artista,
“Afirmando por otra parte la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad social y las disposiciones fiscales relativas al artista, sea o no asalariado, habida cuenta de su contribución al desarrollo cultural,
“Recordando la importancia, universalmente reconocida tanto a nivel nacional como internacional, de la preservación y promoción de la identidad cultural y del papel que en ese campo desempeñan los artistas que perpetúan las artes tradicionales o interpretan el folklore nacional,
“Reconociendo que el vigor y la vitalidad de las artes dependen entre otras cosas del bienestar de los artistas, como individuos y como colectividad,
“Recordando los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que han reconocido los derechos de los trabajadores en general y, por consiguiente, los derechos de los artistas y, en particular, los convenios y recomendaciones cuya lista figura en el apéndice de la presente Recomendación,
“Tomando nota, no obstante, de que algunas normas de la Organización Internacional del Trabajo permiten derogaciones o incluso excluyen formalmente a los artistas o a algunas categorías de los mismos, a causa de las especiales condiciones de la actividad artística y que, por consiguiente, es preciso ampliar su campo de aplicación y completarlas con otras,
“Considerando además que la calidad de trabajador cultural que se reconoce al artista no debe menoscabar en modo alguno su libertad de creación, de expresión y de comunicación, y debe, por el contrario, garantizar su dignidad y su integridad,
“Convencida de que la acción de los poderes públicos es necesaria y urgente para poner remedio a la situación preocupante de los artistas que se ha comprobado en muchos Estados Miembros, en particular desde el punto de vista de los derechos humanos y de las condiciones económicas, sociales y de empleo, para que los artistas disfruten de las condiciones necesarias para el desarrollo y la plena expresión de su talento, y para que puedan desempeñar su papel en la concepción y la aplicación de las políticas y de la animación culturales de las colectividades y los países, y en el mejoramiento de la calidad de la vida,
“Considerando que el arte tiene un papel importante que desempeñar en la educación y que los artistas pueden ejercer con sus obras una influencia en la concepción que la población entera, y en particular la juventud, pueden tener del mundo,”
Como puede concluirse con la lectura de estos párrafos de la recomendación de la UNESCO, hay una profunda preocupación por la condición del trabajador cultural como trabajador no asalariado y por ende, víctima de la exclusión de los beneficios de la seguridad social, circunstancia que de acuerdo a nuestro orden constitucional es inadmisible, por lo que su incorporación al Seguro Social es impostergable y no cabe pretexto ni motivo de dilación.
En el marco de la iniciativa que se razona en esta exposición de motivos se ha considerado que la manera de hacer efectiva la legislación para darle acceso a los trabajadores culturales a la seguridad social, es mediante la creación de un fondo, esto es, un fideicomiso público en las condiciones que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante el cual los trabajadores culturales conceptualizados en tres identidades, los artistas y los creadores (identificados éstos en los términos de la Ley que se propone como sujetos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor), y los gestores culturales, personas físicas que fungen como promotores, difusores y mediadores de actividades de índole específicamente cultural y actividades artísticas, personas sin las cuales la actividad de artistas y creadores se quedaría generalmente en la intención.
Como artistas tradicionalmente se considera a los “artistas escénicos” y como creadores a personas tales como, sin agotar la lista, a los escritores, los artistas plásticos, los compositores, por ejemplo, conceptualizados al detalle en la Ley Federal del Derecho de Autor encontrando este dispositivo en los Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en materia de derecho autoral, pero en el fondo encontramos que estas distinciones atienden a la manera en que cada cual realiza su trabajo y todos, artistas, creadores y gestores caben perfectamente en el concepto de trabajadores culturales.
También tradicionalmente se ha tendido a ver a los trabajadores culturales como “artículo de lujo” de nuestra sociedad y con frecuencia se repite que se alimentan del “aplauso y reconocimiento del público”, pero lo que cada uno de estos trabajadores realiza significa una aportación muy importante a la actividad económica de nuestro país; para ilustrar el impacto de su actividad cabe mencionar que las industrias culturales (impensables sin la existencia y el esfuerzo de los trabajadores culturales) aportan el 7% al Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje que contrasta con el hecho de que el gasto tanto del sector público como de la iniciativa a este rubro es menos que el 1% del (PIB). Es decir, los trabajadores culturales lejos están de ser improductivos y su actividad dista mucho de representar un pozo sin fondo o “gasto a fondo perdido”.
En nuestra Carta Magna el acceso a la cultura ya es una garantía constitucional para los gobernados, pero para hacerla exigible hacen falta acciones concretas, políticas de Estado como la que se propone en la presente iniciativa; no se trata de regalar productos culturales o hacerlos accesibles a bajo precio, sino de apoyar a quienes hacen posible su existencia, esto es, principalmente a los trabajadores culturales, a quienes de manera cotidiana dedican su talento, su energía e incluso su vida a fortalecer el desarrollo cultural de nuestro país.
Las condiciones en las que los trabajadores culturales realizan su trabajo son con frecuencia precarias y poco o nada tienen que ver con la imagen “glamorosa” que se ha popularizado al distinguir sólo a los muy exitosos de resto de los trabajadores que, sin menospreciar su labor, todos los días hacen algo por la cultura y las artes; si nos atuviéramos a la falsa imagen del artista, nada tendría que hacer Ramón López Velarde frente a cualquier autor de best-sellers, a pesar de que el poeta nos haya proporcionado una nueva manera de ver, sentir y expresar la Patria.
Insisto, el resultado diario del esfuerzo de los trabajadores culturales se refleja en la economía, pero más y de manera poderosa, en nuestra conciencia. Su importancia es reconocida en otros países en los que en diferentes grados y alcances diversos se han expedido normas que le otorgan seguridad a los trabajadores culturales; entre esos países podemos mencionar a tantos y de desarrollo tan variado como Francia, España, Suiza, Canadá, Uruguay, Colombia, Venezuela, Guatemala o Cuba, de modo tal que marcan el camino que México debería seguir en materia de seguridad social para que esta sea cada vez más cercana al espíritu universalista que ha inspirado al Constituyente.
Como ya se indicaba, en la presente iniciativa se ha considerado que un fideicomiso es el instrumento jurídico idóneo para convocar al Estado Mexicano y a los trabajadores culturales a realizar un esfuerzo conjunto que permita la incorporación de estos al Seguros Social con todas las prestaciones previstas en la Ley de la materia, en especial el servicio médico y el fondo de retiro pues, insisto, los trabajadores culturales, a pesar del reconocimiento público, con terrible frecuencia no cuentan con recursos para afrontar una enfermedad grave o no ni retirarse con dignidad cuando las circunstancias les impiden continuar con su labor como trabajadores culturales.
El fideicomiso, constituido inicialmente con recursos presupuestales y alimentado con aportaciones de los propios trabajadores culturales y otras aportaciones públicas o privadas se denominaría Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales y su objeto es otorgar un apoyo a artistas, creadores y gestores culturales para su incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social. De acuerdo con la normatividad aplicable a los fideicomisos públicos, su órgano de gobierno sería el Comité Técnico, subrayándose que no contaría con una estructura por lo que la ejecución de sus fines se apoyaría en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), órgano desconcentrado que a su vez tendría la responsabilidad de constituir, operar y mantener actualizado el Registro Nacional de Artistas, Creadores y Gestores Culturales, instrumento fundamental para el otorgamiento del apoyo y cuya existencia es acorde con las labores que CONACULTA viene realizando a través del Sistema de Información Cultural y los diferentes programas y fondos de apoyo a la creación artística; las bases y procedimientos serán dictadas por el Comité Técnico, que sin duda contará con la asesoría y apoyo de CONACULTA.
Gracias al Registro Nacional de Artistas, Creadores y Gestores Culturales, se podrá contar con criterios claros y objetivos para la incorporación de los trabajadores culturales no sólo a la seguridad social, sino también a los programas de apoyo de proyectos y a la difusión de estos.
Otro aspecto que tiene especial relevancia en la presente iniciativa es que no ha sido necesario proponer reformas ni adiciones a la legislación vigente; antes bien, se ha encontrado la manera de que nuestras leyes adquieran mejor y mayor aplicación, particularmente en lo que se refiere al artículo 13 de la Ley del Seguro Social y a la obligación del ejecutivo Federal de expedir a la brevedad posible, según se establece en el artículo Transitorio Tercero, el Reglamento para que se pueda celebrar el convenio que sea la vía para materializar la incorporación voluntaria de artistas, creadores y gestores al régimen obligatorio del Seguro Social.
Consecuentemente, el mérito de la presente iniciativa estriba en proporcionar el medio para realizar lo que ya se encuentra en la legislación vigente y así incorporar a los trabajadores culturales a un sistema al que tienen indiscutiblemente derecho. Asimismo, se reconoce que ante el derecho de los trabajadores culturales corresponden obligaciones tales como ajustarse a la normatividad y hacer las aportaciones que les correspondan, como lo hace cualquier otro trabajador al amparo y siguiendo las prescripciones de nuestra Carta Magna.
Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, someto a la consideración de este H. Senado de la República, la siguiente:
INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO PARA EL ACCESO DE ARTISTAS, CREADORES Y GESTORES CULTURALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 1o.- El Ejecutivo Federal constituirá el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales.
El Fideicomiso tiene por objeto otorgar un apoyo en los términos establecidos en esta Ley a artistas, creadores y gestores culturales para su incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social, de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 6o. de la presente Ley.
Artículo 2o.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Beneficiarios: los artistas, creadores y gestores culturales quienes desempeñan sus labores de manera independiente no estando sujetos a relación laboral alguna, y que en lo términos de la presente Ley se registren, inscriban y realicen las aportaciones que en la misma se establecen;
II. Artistas: los artistas intérpretes o ejecutantes, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley Federal del derecho de Autor ;
III. Creadores: para los efectos de esta Ley, se considera a tales a los autores en los términos del artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor vigente;
IV. Gestores culturales: las personas físicas que de manera habitual, por cuenta propia o a nombre de terceros sin mediar una relación laboral, realizan actividades de promoción, difusión o fomento de actividades artísticas y culturales;
V. Comité Técnico: el Comité Técnico del Fideicomiso a que se refiere el Artículo 3o. de la presente Ley;
VI. Fideicomiso: el Fideicomiso constituido de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley;
VII. Fideicomitente: el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
VIII. Fiduciaria: la institución de crédito con la que el Fideicomitente celebre el Fideicomiso en términos de la presente Ley;
IX. Ley: la Ley que crea el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales;
X. SEP: la Secretaría de Educación Pública;
XI. IMSS: el Instituto Mexicano del Seguro Social;
XII. CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y
XIII. Registro: el Registro Nacional de Artistas, Creadores y Gestores Culturales.
Artículo 3o.- El Fideicomiso contará con un Comité Técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo Federal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría Educación Pública, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por cada representante propietario habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.
El Fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido en los supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Artículo 4o.- El Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales, que será el patrimonio administrado por el Fideicomiso, se constituirá por:
I. Los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, así como los recursos que anualmente se destinen para cumplir el objeto del Fideicomiso;
II. Las aportaciones que a título gratuito realicen los Estados y el Gobierno del Distrito Federal, en términos de los convenios de colaboración que éstos suscriban con la Fiduciaria de conformidad con lo previsto en la presente Ley;
III. Los productos que se generen por la inversión y administración de los recursos y bienes con que cuente dicho Fondo;
IV. Los bienes que se aporten al Fondo;
V. Las aportaciones que realicen los beneficiarios, y
VI. Los demás que por otros conceptos, se aporten para el mejor cumplimiento de sus fines.
El patrimonio del Fideicomiso podrá incrementarse con aportaciones provenientes de las partidas presupuestales de ejercicios subsecuentes, así como con las aportaciones que realicen los gobiernos de los Estados y el Gobierno del Distrito Federal.
Las actividades realizadas en ejecución de la finalidad del Fideicomiso únicamente estarán respaldadas por los recursos aportados al Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales, con los límites y en los términos previstos en esta Ley, por lo que el Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar esas operaciones, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto al cumplimiento del objeto del Fideicomiso.
Artículo 5o.- El Comité Técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:
I. Establecer las reglas de operación por las cuales se regirá el cumplimiento del fin del Fideicomiso;
II. Elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se constituirá y operará el Registro Nacional de Artistas, Creadores y Gestores Culturales, debiendo quedar éste a cargo de CONACULTA;
III. Elaborar la propuesta de Reglamento al que se refiere el último párrafo del artículo 13 de la Ley del Seguro Social; en todo caso, la aportación del Fondo y del beneficiario tendrá una proporcionalidad de uno a uno;
IV. Decidir las reglas y determinar los procedimientos para los actos de administración que se realicen sobre los recursos a que se refiere el artículo 4o. de esta Ley;
V. Acatar lo dispuesto en materia de transparencia y vigilancia de los recursos públicos del Fideicomiso, de acuerdo a la normatividad en la materia, con el propósito de que los recursos del Fideicomiso se apliquen en forma transparente;
VI. Autorizar la celebración de los actos, convenios y demás actos jurídicos que puedan derivar en afectaciones para el patrimonio del Fideicomiso, así como aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines;
VII. Evaluar periódicamente los aspectos operativos del Fideicomiso;
VIII. Revisar y aprobar, en su caso, los informes que rinda la Fiduciaria sobre el manejo del patrimonio fideicomitido;
IX. Vigilar que los recursos que se aporten al Fideicomiso se destinen al cumplimiento de sus fines, sin perjuicio de lo que al efecto se establezca en las disposiciones administrativas;
X. Definir los criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que procedan con motivo de la defensa del patrimonio del Fideicomiso, comunicando por escrito dichas reglas y resoluciones a la Fiduciaria;
XI. Instruir mediante oficio a la Fiduciaria acerca de las personas a quienes deba conferirse mandato o poderes para que se cumplan las funciones secundarias, ligadas y conexas a la encomienda fiduciaria o para la defensa del patrimonio fideicomitido, indicando expresamente cuando el (los) mandatario(s) podrá(n) delegar sus facultades a terceros, y
XII. Proponer las modificaciones que se pretendan realizar al Fideicomiso.
XIII. Ejercer y destinar con cargo al patrimonio del Fideicomiso, recursos económicos que le permitan el cumplimiento de las obligaciones que le impone la presente ley, y
XIV. Promover ante las autoridades competentes, las denuncias o querellas por posibles irregularidades que adviertan en la documentación que presenten los probables beneficiarios.
Artículo 6o.- Serán Beneficiarios de los apoyos a que se refiere esta Ley los artistas, creadores y gestores culturales que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:
I. Que se encuentren en el supuesto previsto en el artículo 13, fracción I, de la Ley del Seguro Social;
II. Que no estén inscritos en ningún otro sistema de seguridad social, y
III. Que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Artistas, Creadores y Gestores Culturales.
Artículo 7o.- La aplicación de los recursos destinados al cumplimento de los fines del Fideicomiso por parte de la Federación, se hará al día siguiente de la publicación de las reglas de operación a que se refiere el artículo 5o. de esta Ley.
Podrán formalizarse convenios con las entidades federativas y el Distrito Federal con el propósito de incrementar el patrimonio de este Fideicomiso.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Dada la naturaleza de su objeto, el periodo durante el cual operará el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales será indeterminado.
Tercero.- El Comité Técnico deberá publicar las reglas de operación a que se refiere el artículo 5o. fracción I, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la suscripción del Fideicomiso a que se refiere esta Ley. Las bases y procedimientos a los que se refiere la fracción II del mismo artículo, serán publicados a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación de la Reglas de Operación del Fideicomiso y la propuesta a la que se refiere la fracción III le deberá ser remitida al Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de las bases y procedimientos para la creación del Registro Nacional de Artistas, Creadores y Gestores Culturales, por lo que a su vez, el Ejecutivo Federal habrá de expedir el Reglamento al que se refiere el último párrafo del artículo 13 de la Ley del Seguro en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la recepción de la propuesta enviada por el Comité Técnico.
Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República, LXI Legislatura, el de de 2010; suscribe la presente iniciativa con proyecto de decreto la
Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui
Al H. Senado de la República, la Comisión de Seguridad Social de dicha Cámara, y la Cámara de Diputados:
El camino de acceso a la seguridad social plena, integral para los mexicanos, se ha angostado a pesar de lo que manda el artículo 123 de nuestra Carta Magna en cuanto a que la seguridad social debe ser para todos los trabajadores y su familia.
Tal circunstancia golpea con mayor fuerza a un sector altamente vulnerable de la población productiva en el país, los trabajadores de la cultura, creadores, artistas y gestores culturales; esto se debe a que en su mayoría, trabajan por cuenta propia (es decir, sin mediar un contrato sujeto a la legislación laboral), de manera eventual y sin servicio médico y mucho menos la expectativa de contar con una pensión digna por enfermedad o jubilación.
Se hace notar que los trabajadores de este sector, permiten que la aportación de las industrias culturales al Producto Interno (PIB) sea del 7.9% y, por supuesto, pagan impuestos, lo cual indica que son un sector productivo y que vive de su trabajo.
Sin embargo, la naturaleza de su actividad propicia que estos trabajadores se encuentren desprotegidos, a merced de enfermedades y sin esperanza de tener un retiro en condiciones a las que cualquier otro trabajador puede y debe aspirar.
Es por ello que el 9 de diciembre de 2010 María Rojo, actriz y Senadora de la República, con el respaldo del Senador Francisco Arroyo Vieyra (Vicepresidente de la Mesa Directiva) y de Senadoras y Senadores de todos los Grupos Parlamentarios del Senado de la República, presentó una iniciativa para que aprovechando lo que ya establece la Ley del Seguro Social, se constituya un fondo para apoyar el acceso de creadores, artistas y gestores culturales a la seguridad social con todos los beneficios inherentes. La iniciativa se encuentra desde entonces en estudio de las Comisiones de Seguridad Social y Estudios Legislativos Primera; es urgente que se dictamine en sentido positivo. Su aprobación es un acto de justicia social.